Por Ezequiel Sosa
SANTIAGO, RD.– En una sociedad que aspira a fortalecer sus instituciones, la transparencia no puede ser un discurso reservado para los momentos de campaña ni una exigencia aplicable únicamente a los adversarios políticos. También debe convertirse en una práctica permanente para todo aquel que ejerza una función pública o maneje recursos, influencia o intereses vinculados al Estado.
Una interrogante cobra cada vez mayor importancia en el debate ciudadano: ¿cómo puede explicarse el rápido crecimiento patrimonial de algunas personas que, antes de alcanzar determinadas posiciones de poder o influencia, vivían en condiciones económicas considerablemente más modestas y, posteriormente, pasan a exhibir un estilo de vida que parece estar muy por encima de los ingresos que públicamente se conocen?
Personas que en algún momento utilizaron transporte público, residían en viviendas alquiladas o mantenían un estilo de vida relativamente austero, pueden ser vistas posteriormente conduciendo vehículos de alta gama, residiendo en lujosas torres, adquiriendo propiedades de considerable valor o mostrando un nivel de consumo difícil de asociar, al menos a simple vista, con los ingresos derivados de sus funciones conocidas.
La pregunta no es si una persona tiene derecho a prosperar. Por supuesto que lo tiene. La verdadera pregunta es: ¿de dónde provienen esos recursos cuando el crecimiento patrimonial parece producirse de manera extraordinariamente rápida?
El asunto adquiere mayor relevancia cuando se trata de funcionarios públicos, debido a que quienes administran recursos del Estado están sometidos a mayores responsabilidades de transparencia y rendición de cuentas. Pero también merece atención cuando involucra a comunicadores sociales que, tras alcanzar determinadas posiciones de influencia, experimentan transformaciones económicas que generan interrogantes legítimas dentro de la sociedad.
No se trata de condenar el éxito ni de convertir la prosperidad económica en un delito. Tampoco significa que todo crecimiento patrimonial sea irregular. Una persona puede tener negocios legítimos, inversiones, propiedades heredadas, ingresos adicionales, sociedades comerciales, actividades profesionales o fuentes de financiamiento perfectamente legales.
Precisamente por eso es necesaria la transparencia.
Cuando existen dudas razonables sobre la evolución económica de una persona que ocupa o ha ocupado una posición pública, la respuesta no debería ser el silencio, la persecución contra quien pregunta ni la descalificación del cuestionamiento.
La respuesta debería ser documentación, explicación y rendición de cuentas.
¿Quién debe evaluar ese crecimiento patrimonial?
La sociedad tiene derecho a formular preguntas, pero la determinación de si existe alguna irregularidad corresponde a las instituciones competentes, mediante los mecanismos establecidos por la legislación dominicana.
En el caso de los funcionarios públicos, las declaraciones juradas de patrimonio constituyen una de las herramientas fundamentales para conocer la evolución de los bienes, obligaciones e intereses económicos de quienes están sujetos a ese régimen.
A partir de ahí surge una pregunta todavía más importante:
¿Quién compara efectivamente el patrimonio declarado al asumir una función con el patrimonio existente después de varios años en el ejercicio del poder?
¿Quién verifica las propiedades?
¿Quién analiza las empresas vinculadas?
¿Quién examina posibles conflictos de intereses?
¿Quién determina si el crecimiento patrimonial guarda relación con los ingresos legítimos conocidos?
¿Quién investiga cuando existen diferencias que no parecen tener una explicación razonable?
Estas preguntas no deberían interpretarse como ataques políticos. Son interrogantes propias de una democracia que pretende proteger los recursos públicos y garantizar que el ejercicio del poder no se convierta en una vía para el enriquecimiento injustificado.
El poder no puede convertirse en una caja negra
También resulta necesario observar el fenómeno desde una perspectiva más amplia.
En ocasiones, la sociedad puede observar cómo determinados funcionarios, dirigentes o figuras de influencia pasan de mantener una vida económica relativamente limitada a disfrutar de bienes y servicios de alto costo en períodos sorprendentemente breves.
El problema no está en que alguien mejore su situación económica.
El problema aparece cuando nadie puede explicar convincentemente cómo se produjo esa transformación.
La confianza pública se construye precisamente sobre la capacidad de explicar de manera clara el origen de los recursos.
Un funcionario que administra fondos públicos debe poder responder cuánto gana, qué bienes posee, cuáles son sus inversiones y cómo ha evolucionado su patrimonio dentro de los límites establecidos por la ley.
De igual manera, cualquier ciudadano que alcance éxito económico tiene derecho a disfrutarlo, pero cuando ese éxito se relaciona directa o indirectamente con posiciones de poder, contrataciones públicas, influencia institucional o manejo de recursos estatales, la sociedad tiene mayores razones para exigir transparencia.
También hay que mirar a los comunicadores
El debate no debe limitarse exclusivamente a los políticos.
Los comunicadores sociales también tienen una enorme responsabilidad frente a la sociedad, especialmente aquellos que utilizan sus plataformas para cuestionar, investigar o fiscalizar la actuación de funcionarios y empresarios.
La credibilidad periodística exige coherencia.
Quien reclama transparencia a los demás también debe estar dispuesto a defender principios de transparencia cuando su propia evolución económica pueda generar preguntas legítimas.
Esto no significa convertir el periodismo en un ejercicio de exposición de la vida privada de sus protagonistas. Significa reconocer que la credibilidad de quien investiga o denuncia también depende de la confianza que genere su propia conducta pública.
La ciudadanía merece respuestas
En una democracia saludable, preguntar no debería ser considerado una ofensa.
La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se administran los recursos públicos, cómo evolucionan los patrimonios de quienes ejercen funciones estatales y qué mecanismos existen para detectar eventuales enriquecimientos injustificados.
Y cuando existan sospechas concretas, deben ser las autoridades competentes las llamadas a investigar, no las redes sociales ni los rumores.
El país necesita fortalecer los mecanismos de fiscalización patrimonial, mejorar la capacidad de seguimiento de las declaraciones juradas y garantizar que las instituciones responsables puedan actuar con independencia y eficacia.
Porque al final, la pregunta no debe ser quién llegó al poder con pocos recursos y ahora tiene mucho dinero.
La pregunta correcta es:
¿Puede demostrar legalmente el origen de ese patrimonio y explicar de manera coherente cómo fue construido?
Si la respuesta es sí, la transparencia debería permitir despejar cualquier duda.
Si existen inconsistencias, corresponde a las instituciones investigar.
Y si se comprueba alguna violación a la ley, corresponde aplicar las consecuencias establecidas por el ordenamiento jurídico.
El poder público es temporal. La influencia también puede ser pasajera. Pero el legado de una persona permanece.
Por eso, más que preguntarnos cuánto dinero tiene quien llegó al poder, deberíamos preguntarnos si puede demostrar que cada peso de su patrimonio tiene un origen legítimo.
La transparencia no debe ser una amenaza para quien actúa correctamente; debe ser su mejor herramienta de defensa.